Mexsat costará 21,000 mdp

El gobierno de Felipe Calderón deja a la próxima administración un programa de telecomunicaciones satelitales que tendrá un costo de 21,000 millones de pesos. Los expertos celebran por los beneficios sociales y de seguridad nacional que daría a México, pero reconocen que se acompaña de vacíos en su reglamentación, indefinición de proyectos y dudas sobre el papel que asumirá el Estado como propietario de sistemas satelitales.El lanzamiento del primer satélite del nuevo Sistema Satelital Mexicano (Mexsat), denominado Bicentenario, está programado para el 19 de diciembre; luego vendrán el Centenario (2013) y el Morelos 3 (2014).El equipo de Enrique Peña Nieto, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, mantiene silencio sobre el proyecto. Eduardo Sánchez, vocero de la transición, afirmó escuetamente: “El tema de telecomunicaciones será uno de los temas prioritarios del próximo gobierno y las autoridades se pronunciarán sobre el tema (del sistema satelital) en su momento”.La necesidad de contar con un sistema satelital estatal se debe a la culminación de la vida útil de los satélites Solidaridad 1 y 2, utilizados para servicios de telecomunicaciones entre entidades de seguridad nacional.El Solidaridad 1 terminó su vida útil en el 2000, luego de registrar varias fallas en el sistema de propulsión un año antes. Esto propició que los servicios satelitales para el gobierno recayeran en el Solidaridad 2, que quedará inoperable el próximo año.Con el Bicentenario, el gobierno planea llenar el vacío en telecomunicaciones para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Además, aprovechará las capacidades satelitales para ofrecer cobertura social, en coincidencia con el mandato del artículo 55 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.El plan del Bicentenario “es llevar servicios de voz, datos y video a comunidades aisladas a través de programas de Telecomunicaciones de México (Telecomm Telégrafos), de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento o cualquier otro programa que decida arrancar la SCT en materia de cobertura social”, explicó el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor Olavarría Tapia.La comunicación de seguridad nacional tendría un máximo de 30% de la capacidad del Bicentenario, y para fines de cobertura social se destinaría un máximo de 70 por ciento.La capacidad que no se utilice se pondrá a disposición de la Iniciativa Privada, dijo Olavarría.Entonces, “¿el Estado volverá a ser un competidor del sector privado?”, se preguntó Clara Luz Álvarez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). “De ser así, ya hay un cambio de la situación de la seguridad jurídica que habían tenido los prestadores de servicio privado que invirtieron pensando que el Estado había dejado de ser prestador de servicios y sería (sólo) un regulador, árbitro del sector”.El Reglamento de Comunicación Vía Satélite, que norma la Ley Federal de Telecomunicaciones en lo relativo a las comunicaciones satelitales, entró en vigor en 1997 tras la desincorporación de Satmex del gobierno y la apertura de este segmento a la participación privada. El reglamento no establece la participación del Estado como un operador comercial.Con el cambio del Estado como propietario de satélites, las condiciones de competencia también cambian, como la exigencia a los concesionarios de asignar capacidad satelital para uso exclusivo del gobierno, afirmó Álvarez.

“Si el gobierno va a ser un competidor, tendría que tener las mismas obligaciones que tiene el sector privado. En ese sentido, ya sería innecesario e injustificado exigir la reserva del Estado. Esa especie de impuesto se debería quitar porque no será lógico que el Estado se tenga que autoimponer esa reserva. Y tenemos que ver que las autoridades, efectivamente, sean neutras”, consideró Álvarez.

Esto será fundamental si se considera que la entrada del gobierno como proveedor comercial será vital para lograr la rentabilidad del Mexsat y evitar que genere pérdidas al erario.

“Ese (excedente) que la SCT ya declaró que ofertará comercialmente -aunque no se sabe cómo- podrá contribuir a solventar esos gastos que emanan de la aplicación de este tipo de tecnologías”, dijo Fernando Gutiérrez, director del Departamento de Comunicación del TEC de Monterrey campus Estado de México.

HERENCIAS Y RESPONSABILIDADESEn Mexsat se planea invertir 21,000 millones de pesos, cerca de 1,500 millones de dólares, durante el periodo 2010-2029, según reveló la SCT en el Libro Blanco del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional y Cobertura Social (Mexsat).Tanto Olavarría Tapia, de la SCT, como la investigadora Álvarez reconocen que la Administración de Peña Nieto deberá dar seguimiento a la ejecución de Mexsat y a los proyectos multisectoriales que involucra, desde la inversión en las unidades terrestres para la transmisión y recepción de señales, como los programas de alfabetización y desarrollo digital de instancias como la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento o la Secretaría de Educación Pública.Consultado sobre si la SCT ha tenido acercamientos con el grupo encargado de la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto, Olavarría Tapia aseguró: “Hemos informado al equipo de transición las bondades del sistema (Mexsat) y los requerimientos que se necesitan para su operación.Están interesados en todos los temas de la Subsecretaría”.Sánchez, del equipo de Peña Nieto, afirmó que no habrá información antes de que asuma el nuevo gobierno.BENEFICIOS ECONÓMICOSOlavarría Tapia aseguró que, con el desarrollo de servicios de conectividad, se impulsará la economía en localidades alejadas de los centros urbanos. Para robustecer su argumento, cita el estudio “Information and Communication for Development”, realizado por Banco Mundial en el 2009. En ese documento se afirma que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la penetración de servicios de banda ancha, el Producto Interno Bruto de países en vías en desarrollo -como México- registra un crecimiento de 1.38 por ciento.Con la infraestructura de conectividad actual, iniciativas en favor del desarrollo social como la telemedicina son posibles sólo en 6,100 localidades con capacidad de acceso a Internet de banda ancha, de las 192,240 que existen en el país, de acuerdo con cifras de la SCT. Para la mayoría de las comunidades rurales y para cerca de 40% de la población mexicana, el acceso a la banda ancha es prácticamente inexistente.El Mexsat tiene un potencial para alcanzar 100% de las necesidades del país, incluyendo la conectividad a Internet de banda ancha.Otro reto del equipo a cargo del Mexsat será la renegociación del Memorándum de Entendimiento para la coordinación de la banda L firmado por México, Canadá, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, a través de la empresa Inmarsat, para crecer a 20 MHz el espectro que el gobierno mexicano tiene asignado en esta banda, desde los 4.4 MHz actuales.

“El avance tecnológico y las condiciones de mercado obligan a una renegociación del acuerdo para permitir el rebandeo y reuso de frecuencias así como su uso secundario para prestar servicios de comunicación terrestre (celular o enlaces de conexión)”, explica el Libro Blanco, publicado el 1 de noviembre del 2012.

El documento oficial consigna esta negociación como un factor crítico para la correcta evolución del proyecto. Omar Charfen Tommasi, director de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT y encargado del desarrollo del proyecto satelital con Calderón, asegura que robustecerá las capacidades en las telecomunicaciones del país y permitirá una mayor interoperabilidad y alcance en zonas donde la infraestructura terrestre no ha llegado.
Hay pocas dudas sobre los beneficios del Mexsat, pero se dejan una serie de retos para la próxima administración que impactan la reglamentación en materia de comunicación vía satélite, el desarrollo y seguimiento de iniciativas de índole social y de seguridad, y incertidumbre sobre el nuevo rol del Estado.