Utilizan Pymes software ilegal

Según Microsoft el 59% de las computadoras de escritorio del País operan con un programa ilegal
Dayna Meré

Ciudad de México. En México, al menos 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas (Pymes) son consumidoras de software pirata.

De acuerdo con la Business Software Alliance (BSA) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), algunas de ellas lo hacen de forma intencional y otras de manera involuntaria, pues, aunque compraron una licencia la instalan en más equipos de los autorizados.

Según Microsoft, cada año la industria registra pérdidas por 5 mil 900 millones de dólares por piratería de software, pues 59 por ciento de las computadoras de escritorio en el País opera con un programa ilegal.

La American Chamber (AmCham) estima que en 2009 las pérdidas por recaudación de IVA por venta de software pirata ascendieron a 5 mil 308 millones de pesos, y por ISR a 13 mil 840 millones de pesos.

"Las empresas deben tener una licencia por cada computadora, pero el problema es que compran un programa, llámese Adobe, Flash o Photoshop, lo cargan a su red, y de ahí lo baja a sus 50 computadoras.

"Lo que hace falta es concientizar en el sentido de decir qué se puede y qué no se puede hacer en el caso del software", explicó Gilda González, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI.

Según una encuesta de la organización internacional Acción Empresarial contra la Piratería (BASCAP, por sus siglas en inglés), 88 por ciento de los entrevistados dijo que México es uno de los países donde más fácilmente se adquieren programas ilegales.

De acuerdo con la más reciente encuesta de la AmCham, 71 por ciento del software pirata que se consume se adquiere en tianguis y mercados.

En tanto, David González, director de Antipiratería de Microsoft, reconoció que es común que una Pyme autorice a un asesor a realizar la instalación de una licencia en todas sus computadoras.

Ante el uso indiscriminado de licencias de software en el País, la BSA ha emprendido una campaña de verificación, acompañada de requerimientos hacia las empresas.

Como apoderado legal de firmas tecnológicas, esa organización otorga un plazo de 5 días para que la empresa emplazada demuestre el uso legal de software o, de lo contrario, la denuncian ante instancias legales o judiciales, dijo Kiyoshi Tsuru, director general del organismo.

En caso de que la BSA encuentre que el software sí es pirata, busca un acuerdo con la empresa y le da asistencia para que regularice su situación y evite así un problema judicial con la desarrolladora.

Sin embargo, Juan Araque, jefe del Área Académica Jurídica de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP), dijo que las cartas de la BSA deberían enviarse en un tono más preventivo.

El IMPI destacó que se mantiene ajeno al envío de estas cartas aunque, a decir de Gilda González, la BSA está en su derecho de emplear este tipo de mecanismos para evitar la piratería.