ESPECTRO / ¿Y las licitaciones de espectro

ESPECTRO / ¿Y las licitaciones de espectro?Por Javier Tejado Dondé

(21-Abr-2009).-

Desde 2007, el Gobierno anunció, con "bombo y platillo", la realización de licitaciones de espectro para telefonía móvil e internet de banda ancha (Wi-Max). Incluso, en el Informe de Gobierno de ese año se señala como un éxito la realización de las mismas. Sin embargo, las licitaciones para avanzar en el desarrollo de las telecomunicaciones siguen detenidas.

Estas licitaciones son relevantes para todos los operadores. Principalmente para Telcel, Telefónica y Nextel, que necesitan de una mayor capacidad para atender a sus usuarios y dar novedosos servicios de telecomunicaciones. También para los cableros, a efecto de avanzar en los servicios de banda ancha. Pero el Gobierno también las necesita a efecto de crear mayor infraestructura en el país y, a la vez, recaudar ingresos que se estiman en varios cientos de millones de dólares.

Si bien la SCT y la Cofetel parecen haber sorteado el tema de precios mínimos de referencia con la SHCP e incluso los limites de acumulación de espectro con la CFC, aún no se resuelve el método mediante el cual se harán las licitaciones.

En estos temas -argumentado el engrosamiento de la SCJN en materia de radiodifusión- varios funcionarios están pensando que el criterio económico no sea el determinante. Lo cual suena "políticamente correcto", pero sería una tragedia para el desarrollo de las telecomunicaciones.

Para el sector telecomunicaciones sería delicado cambiar el modelo que, por subasta pública ascendente, viene operando desde 1996 con gran éxito. Modelo que, por cierto, utilizan todos los países con un sector de telecomunicaciones dinámico y competitivo. Y es que optar por modelos discrecionales (como un "beauty contest") entorpecerá la entrega de concesiones, pues generalmente las impugnaciones son muchas más que en comparación con subastas, y el Gobierno no tendrá criterios claros para defenderse, incluso arriesgando jurídicamente a los servidores públicos que validen dichos procesos. Además de que fomenta decisiones opacas. Como muestra de la ineficiencia de este modelo está el hecho de que en los últimos 17 años no se ha podido entregar concesión alguna de radio y televisión.

El otro modelo que está en estudio considera otorgar las concesiones a quienes prometan hacer los más grandes despliegues de infraestructura, de cobertura o de inversión (o una mezcla de éstos). El problema de este esquema es que una vez que el concesionario tenga la concesión es incierto que cumpla su promesa a futuro. Por ejemplo, podrá alegar que las autoridades locales le negaron los permisos para la instalación de antenas y el Gobierno habrá entregado valiosas concesiones sin recibir lo pactado, o que no consiguió financiamiento oportuno. Y para entonces ya ni hablar de recuperar las concesiones. Ejemplo de ello es el caso Unefon, en donde el Gobierno no recibió las contraprestaciones acordadas y tampoco pudo recuperar las frecuencias. O el caso de Telmex, que también ha tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones derivadas del Fideicomiso de Cobertura Social.

Esperemos que el Gobierno se dé cuenta de los riesgos y aplique la amplía experiencia nacional e internacional en materia de licitaciones a través de subastas publicas abiertas. Las impugnaciones se presentarán bajo cualquier modalidad de licitación, ojalá por lo menos el Gobierno defienda la más transparente, a la que obliga la letra de la ley, la que garantiza el pago de los mayores recursos por el uso de un bien de la Nación y la que se ha probado es la mejor para asignar un recurso escaso. A la par que el Poder Judicial tendrá la oportunidad de rectificar en criterios lesivos para el desarrollo y la creación de la infraestructura nacional.