ESPECTRO / La SCT y la Suprema Corte

ESPECTRO / La SCT y la Suprema CortePor Javier Tejado Dondé

(24-Mar-2009).-

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha venido padeciendo decisiones de la Suprema Corte, en relación con la acción de inconstitucionalidad 26/2006 que trató sobre las leyes de telecomunicaciones y de radiodifusión.

En esta decisión, la Corte imprimió en su fallo algunos elementos tendientes, según ella, a fomentar la competencia y la pluralidad en el sector de las comunicaciones. En aquel entonces, todo era felicidad en la Corte, dado que habían "acotado" a los poderes fácticos. También había complacencia en el Ejecutivo (particularmente en la SCT, liderada por el entonces Secretario Téllez y en Los Pinos, dado el cabildeo del entonces secretario particular del Presidente de la República, César Nava), dado que lograron que los nombramientos de los funcionarios que integran organismos colegiados reguladores (tales como la Cofetel o la CFC) -y cuya vigencia es transexenal- no pasaran por la aprobación del Senado de la República. Lo que le daba a la Administración calderonista un mayor margen para incidir en la integración y decisiones de los organismos reguladores.

Y es que, como se ha visto, a la actual Administración se le complica la relación con organismos que tengan cierto grado de autonomía. Basta como ejemplo lo que acontece con uno constitucionalmente autónomo, el Banco de México, en el cual lleva meses pendiente la designación de un miembro de su junta de gobierno.

Lo irónico del caso es que la decisión de la SCJN ha puesto en serios aprietos al Ejecutivo federal, que ha pasado del festejo a la preocupación, dado que no ha podido refrendar cientos de concesiones vencidas de radio ni de telecomunicaciones y no encuentra una forma jurídicamente segura de entregar nuevas concesiones del espectro radioeléctrico. Lo que tiene detenido el "paquete más importante de licitaciones en la historia del país", a efecto de fomentar la competencia en el sector telecomunicaciones y, concretamente, en telefonía móvil y banda ancha.

En el tema de las licitaciones, anunciadas desde 2007, la Corte pareció declarar inconstitucional la licitación por "subasta pública". Método que han venido aplicando el Estado mexicano y la mayoría de los reguladores del mundo para asignar espectro al mejor postor. Cualquier otra fórmula se presta a la discrecionalidad, a los favoritismos y mayores litigios.

Por lo que respecta al refrendo de todo tipo de concesiones sobre bienes del dominio público de la Nación (radio, televisión y telecomunicaciones... pero también minas, aviación, aguas, satélites etc.), la Corte sostuvo que los refrendos eran viables sólo bajo igualdad de circunstancias y en una nueva licitación de por medio. Lo que rompe los esquemas de seguridad jurídica, además de varios principios económicos fundamentales.

Así las cosas, el Ejecutivo no encuentra cómo dar nuevas concesiones, pero tampoco cómo las podría refrendar. (Lo que impacta en el precio que oferentes hagan por las mismas). El Ejecutivo, luego de solicitar estudios a varios abogados internos y externos, parece haber llegado a la conclusión de que sólo hay dos salidas: a) avanzar en una reforma legislativa, como la que propuso el senador Beltrones (lo que se complica, dadas las elecciones); o, b) tomar con reservas el fallo de la Corte y hacer las licitaciones como siempre se han hecho en México y en el mundo (aunque habrá impugnaciones jurídicas). De lo contrario, el sector comunicaciones seguirá empantanado con el riesgo de que las afectaciones se trasladen a otros sectores concesionados de la economía nacional.

El problema no es menor y debe de llevar a un acercamiento entre el Ejecutivo y la Corte para destrabar asuntos que tienen paralizado al sector más dinámico de la economía nacional: las telecomunicaciones. El gobernar implica responsabilidad y una visión de Estado, mismos que ambos actores hicieron a un lado en su momento por razones meramente coyunturales o mediáticas. Mientras tanto, Iusacell ganó un amparo para detener las licitaciones y, por ende, una mayor competencia en el sector. ¿Cuántos más seguirán? Pero la Corte dijo que trató de hacer justamente lo contrario.